Desde Ontier, hemos preparado un Décalogo explicando las Reformas del Sector Energético en México, para el texto completo, pinche aquí.
En los últimos meses, las empresas del sector eléctrico han estado analizando con detenimiento los nuevos ajustes del mercado en México. Tras un periodo de seis años en el que el desarrollo y construcción de nueva capacidad de generación se ha visto prácticamente estancada, el reciente cambio político y normativo ha generado expectativas en la industria.
Desde una perspectiva macroeconómica, resulta evidente que México requiere una inversión sustancial en generación, así como en infraestructura de transmisión y distribución. Como país con una base industrial sólida y con una estrategia orientada hacia el nearshoring, es fundamental observar cómo evolucionará este modelo en función de las políticas arancelarias impulsadas por Estados Unidos. Actualmente, el incremento en las temperaturas provoca apagones y tensiones en la red, mientras que la demanda sigue creciendo sin que la capacidad de generación haya evolucionado al mismo ritmo. Existe, por tanto, una brecha significativa que debe ser cubierta, y es imprescindible que dicha expansión se realice principalmente con energías renovables, reduciendo el impacto ambiental, minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero y permitiendo que las empresas cumplan con sus compromisos de sostenibilidad.
A partir de un análisis preliminar, se identifican tres factores clave: la necesidad del mercado, la disponibilidad de recursos y la existencia de capital para inversión. Sin embargo, para que se genere un verdadero impulso en el sector, es fundamental contar con una política energética favorable y un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica a los inversionistas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado una postura más conciliadora en comparación con la administración anterior. Se han anunciado diversas licitaciones para fortalecer la infraestructura eléctrica y se han presentado iniciativas legales que, próximamente se convertirán en leyes.
Desde una perspectiva regulatoria, estas reformas pueden interpretarse de dos maneras. Por un lado, podrían representar un retorno al modelo anterior, con la preeminencia de la CFE, el límite del 54%en generación, la priorización del despacho por confiabilidad (lo que requiere una selección estratégica de nodos para minimizar riesgos de curtailment),restricciones al sector privado y un debilitamiento de los organismos reguladores. Por otro lado, también pueden ser vistas como la consolidación de un nuevo marco normativo con reglas claras, lo que permitiría explorar nuevos modelos de negocio y oportunidades en el sector.
Desde una visión optimista, se observa que ciertos desarrolladores han logrado avanzar con estudios de interconexión favorables, en muchos casos sin requerir grandes refuerzos en la infraestructura de conexión (sin embargo, no todos han tenido la misma suerte).Algunos proyectos cuentan con un avance considerable, habiendo completad oestudios de impacto en el sistema, tramitado Evaluaciones de Impacto Social(EVIS) y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAS), y gestionado permisos degeneración ante la Comisión Reguladora de Energía, ahora Comisión Nacional de Energía. Aquellos que han asumido mayores riesgos probablemente serán losprimeros en alcanzar la etapa de Ready to Build (RTB). No obstante, la mayoría de los desarrolladores continúan operando con cautela, realizando análisis de prefactibilidad, asegurando terrenos y solicitando estudios indicativos, a la espera de que el marco regulatorio proporcione la seguridad jurídica necesaria para avanzar con mayor rapidez.
Asimismo, se han identificado otros factores positivos en el sector. Proyectos que permanecieron sin operar durante años finalmente han logrado conectarse o están próximos a hacerlo. Los precios delos contratos de compraventa de energía (PPA) resultan altamente atractivos debido a la creciente demanda. Además, el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) ha comenzado a reactivarse con la compraventa de parques en operación, aunque en el caso de proyectos en desarrollo, este proceso debe esperar a que los desarrolladores avancen con sus proyectos. También se observa un incremento en los acuerdos de desarrollo (DSA) con desarrolladores cada vez más ambiciosos y sofisticadas plataformas de desarrollo que en la mayoría de los casos tiene un fondo de inversión detrás. En paralelo, las entidades financieras han comenzado a mostrar mayor interés en la financiación de proyectos, tanto para desarrollo como para refinanciamiento o construcción.
En este contexto de transformación del sector energético, los despachos de abogados desempeñamos un papel fundamental al proporcionar asesoría estratégica y seguridad jurídica a los inversionistas. Sabemos que navegar este nuevo entorno puede ser un reto, por lo que hemos desarrollado este Decálogo, una guía clara y práctica para ayudaros a comprender los cambios y tomar decisiones informadas. Nuestro objetivo es ser un aliado en esta nueva etapa del sector energético en México.
Para más información en este sentido puede contactar con Lorenzo Hernández, Regina Noriega o Daniel González.
